Los abogados de la familia Medina pidieron que el fiscal Mercuri se aparte del caso

Es la última novedad en el marco de la causa por la muerte de Marcelo Medina, que está en etapa de investigarse si el joven geselino que desaparecido el 8 de mayo de este año, se ahogó o lo mataron y en qué circunstancias, los letrados patrocinantes de Carina Paredes y Miguel Medina solicitaron en las últimas horas la recusación del funcionario judicial. Los motivos son varios: haber ocultado pruebas del proceso, alterar hora y fecha de carga de actuaciones y actuar sin respetar sus derechos humanos como personas víctimas que son considerados por ley.

El caso de la desaparición de Marcelo Medina, el joven geselino que se fue de su casa el último 8 de mayo y del que el pasado viernes 5 de agosto la justicia daba la novedad de que los restos humanos encontrados en el mar a 20 días de su ida pertenecen a él, se complica cada vez más.

Después de la espantosa noticia y a la espera de nuevas pericias para determinar si Medina se ahogó o fue víctima de un asesinato y en manos de quién y cómo, su madre y su padre que son particulares damnificados en la causa, presentaron la solicitud al juez de Garantías para que se aparte al fiscal Walter Mercuri de la UFID 8 de General Madariaga sea apartado de la investigación.

Los fundamentos que citan los abogados Dr. Fernando Soto y Dr. Martín Sarubbi para pedir dicha recusación son haber ocultado pruebas del proceso, haber alterado la hora y fecha de carga
de las actuaciones y obrar con desprecio por los Derechos Humanos como Personas Víctimas que tienen la madre y el padre de Medina.

«Solicitamos se haga lugar a esta presentación apartándolo de la investigación», solicita la familia, que ya ha hecho el mismo procedimiento en la causa con la anterior fiscal, la Dra. Verónica Zamboni de la UFID 6 de Villa Gesell.

Desde el inicio de la investigación la familia y sus abogados habían observado que Zamboni, no había actuado debidamente a pesar de los insistentes reclamos para que se produzca «prueba útil y pertinente para resolver la búsqueda de nuestro hijo», refiere la solicitud.

En muchas comunicaciones periodísticas Paredes y Medina habían señalado reiteradamente lo que consideraban sucesivas irregularidades del proceso. En ese sentido llegado el momento del la determinación del alejamiento, el juez de Garantías local, Dr. David Mancinelli interviniente en ese proceso notificó que la fiscal aceptaba la recusación admitiendo no estar en condiciones personales y profesionales para continuar con el caso.

Con esperanzas renovadas, la familia Medina espero la reanudación de la investigación a cargo del Dr. Mercuri y lo primero que notaron los abogados defensores es que las actuaciones sumariales no eran subidas al sistema “SIMP” cada vez que había una actuación procesal. Eso, expresaron los letrados, dificultaba que los Medina pudieran ejercer su derecho, que con el correr de los días el
inconveniente se fue convirtiendo «en un problema insuperable».

Con la novedad de que el resultado del análisis de ADN demostró que los restos peritados pertenecían a Marcelo, se cita el detalle de que Mercuri conoció el resultado del peritaje porque recibió el informe
científico en su fiscalía, supuestamente, el viernes 5 de agosto a las 07:16:51.

Sin embargo. el periodismo local y los medios nacionales conocían perfectamente el resultado del ADN. «Lo que el Fiscal conocía y lo que los periodistas conocían, nosotros y nuestros abogados, lo ignorábamos», reclamó la familia, que también lo contó en entrevistas periodísticas pasado el allanamiento hecho en su casa ese viernes.

Los abogados eran consultados por el periodismo sobre la novedad pero al consultar el expediente electrónico no había cargado ningún resultado de ADN, tampoco la madre y el padre de Marcelo lo pudieron ver el día del allanamiento.

Los letrados afirman que el último movimiento cargado en el sistema era la aceptación del cargo del representante de la Comisión de la Memoria, del 25 de julio a las 10:03:47 hs. 12 días antes del resultado de ADN y el procedimiento judicial en la casa de la familia.

«Aproximadamente a las 14 horas del viernes 5 de agosto el Fiscal Mercuri subió al sistema el pedido de allanamiento a nuestro domicilio. En ese pedido el Fiscal mencionaba el resultado del ADN “positivo”, identificando los restos analizados como los de Marcelo. A nuestro letrado, Dr. Fernando Soto, le llamó poderosamente la atención que dicho pedido apareciera cargado después de las 14 hs., siendo que los
periodistas ya sabían del resultado del ADN desde la mañana del viernes», detallan los particulares damnificados.

Paredes y Medina resaltan que recién cuando el fiscal allanó su casa, cuando entró con la policía a nuestro hogar, nos dijo que “el resultado del ADN dio positivo”. Nosotros no entendíamos… pero lo que el Fiscal nos estaba diciendo era que nuestro hijo estaba muerto. Le preguntamos cómo lo sabían y nos dijo que les había llegado el informe pericial de ADN que así lo aseguraba».

Al salir del domicilio de los Medina esa tarde el fiscal afirmó lo mismo ante medios periodísticos locales.

La familia le preguntó al fiscal por qué los abogados no sabían nada del resultado del ADN y comunican que les respondió que «estaba todo en el expediente».

Pero los letrados aseguran que el lunes siguiente (8 de agosto) el expediente seguía igual, por lo que presentaron un escrito reclamando la carga de las actuaciones, ya que ello impedía ejercer correctamente nuestros los derechos como Personas Víctimas de Delito.

Hasta ayer miércoles 10 de agosto a la noche dicho escrito no había sido cargado. Lo que los abogados marcan como curioso es que luego de presentar ese escrito en el expediente aparecieron cargadas varias actuaciones procesales. Entre esas actuaciones el informe de ADN pero con una fecha y una hora que no es la real, pues aparece como “cargado” el 5 de agosto a las 07:16:51hs.

La madre y el padre de Marcelo y sus abogados entienden que el fiscal decidió ocultar la noticia de
la muerte del joven porque “sospechaba” de ellos. «Para que no pudiéramos ver lo que pasaba, nos fue ocultando la prueba, y solo cargó el pedido de allanamiento cuando el allanamiento ya estaba en curso», mencionan.

Hay una fotografía de la pantalla del sistema tomada el día del allanamiento que demuestra que
las cargas insertadas el 8 de agosto, tienen una fecha falsa. Y además, el oficio en el que el fiscal pide los canes para el procedimiento fue firmado digitalmente por el fiscal que se pide apartar, un día antes de “conocer” el resultado del ADN, ya que consta en el oficio electrónico la indicación automática del sistema con nombre y hora del firmante.

«La información que a nosotros y a nuestros abogados ocultó, sí se la brindó al periodismo. Y no solo fue la “noticia” del resultado del ADN, porque también le “facilitó” al periodismo fotos del procedimiento del allanamiento a nuestra casa, que fueron subidas en un programa de televisión», explican en referencia a las mostradas por el programa Telefé Noticias, donde se ven los dormitorios de los hijos del matrimonio, con sábanas de sus camas. Incluso en una de las fotografías se aprecia un cartel que reza “A 1”, sobre una sábana que nos secuestraron.

La defensa considera que en el allanamiento al haber estado todo el tiempo el fiscal, que al día de ayer miércoles 10 no había cargado en el sistema el acta de los allanamientos realizados, si se encargó de facilitarle al periodismo todo.

El por qué, la familia considera que es «para que quede claro que éramos sospechosos, así demostraba que él estaba investigando”, expresa la familia.

En cuanto al maxilar humano encontrado al día siguiente del allanamiento en la playa sur de Villa Gesell, la defensa detalla que el periodismo dio a conocer que ese maxilar pertenecería a una “persona joven” y como tendría aún parte del sistema nervioso, no podría haber estado días en el mar, sino que tendría que haber sido “descartado recientemente”. Asimismo, los letrados informan que no está cargado en el expediente la menor referencia a este hallazgo ni al supuesto análisis antropológico realizado.

Parte de la variada fundamentación que respalda el pedido de recusación es que la familia contó que durante el allanamiento el Fiscal les dijo que habían hallado otras partes del cuerpo de Marcelo, ya que había aparecido “un torso con parte de costillas” y “parte de una cadera con un hueso fémur”.

“Señora”, nos dijo el Fiscal “sólo falta encontrar la cabeza de su hijo”, contó Paredes sobre la conversación con el funcionario judicial. Y confesó: «Nosotros escuchábamos horrorizados los que nos decía, con tanto desparpajo, con tanta falta de respeto a nuestro dolor, el Fiscal que se suponía nos iba a cuidar como víctimas».

Sobre eso, los abogados informan que no existe en el expediente la menor referencia a un peritaje, a cualquier tipo de peritaje, de estas piezas humanas.

En ese sentido, a los letrados les parece necesario hacer algunas pruebas que el fiscal no pidió realizar y que ellos están pidiendo para que se analicen en la División Química Legal de Mar del Plata de la policía científica de esa ciudad y son unas que se hace en cuerpos hallados en el agua, que es el análisis de las algas diatomeas, porque
si una persona aspira y “respira” agua, se rompen los capilares pulmonares y el agua circula por el torrente sanguíneo depositándose en órganos y tejidos. Y con el agua circulan las algas diatomeas.

También un análisis del agua de las personas muertas halladas en el agua, a través de la investigación de los hisótopos, que son diferentes en el agua de cada lugar. «Ninguno de estos peritajes aparecen ordenados en autos», aseguran.

«Pero nos investigan a nosotros, y claramente (aunque veladamente) nos acusan de haber matado y descuartizado a nuestro hijo, y para reforzar la “investigación” en nuestra contra nos ocultaron las pruebas que hacían a nuestro derecho como particulares damnificados nuestros Derechos Humanos como Personas Víctimas de Delito», advierten en la presentación.