Buscan impedir la excarcelación de motochorros en la provincia

La iniciativa fue presentada en el Senado bonaerense y propone incorporar al Código Procesal Penal criterios específicos para que la Justicia evalúe el riesgo de fuga en delitos cometidos con motos.

El senador bonaerense Fernando Coronel presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de impedir la excarcelación de motochorros en determinados casos.

Según plantea la iniciativa, en los últimos años creció la cantidad de delitos cometidos con motos, sobre todo en zonas urbanas del conurbano, en modalidades como arrebatos, robos y asaltos callejeros.

En los fundamentos del proyecto, Coronel advirtió que este tipo de hechos se caracteriza por la violencia, la rápida ejecución y la dificultad para identificar a los autores, lo que complica tanto la prevención como la investigación judicial.

La propuesta apunta a modificar el artículo 171 del Código Procesal Penal bonaerense para que se pueda denegar la excarcelación cuando existan indicios firmes de que el imputado eludió la acción de la Justicia o podría entorpecer la investigación.

Entre los elementos que el juez podrá valorar figuran el intento de fuga al momento de la aprehensión, la evasión de controles, la desobediencia u obstaculización del procedimiento policial y el uso de un motovehículo para concretar el delito o facilitar la huida.

De acuerdo con el texto, el uso de la moto no implicaría una prohibición automática de la excarcelación, sino un elemento a tener en cuenta para determinar si existe riesgo procesal.

El senador aclaró que la iniciativa no modifica el régimen general de excarcelación ni el principio de inocencia, y sostuvo que busca “dotar al sistema judicial de una herramienta clara, precisa y legalmente segura”.

En ese sentido, remarcó que la propuesta apunta a fortalecer la respuesta del Estado frente a una modalidad delictiva que afecta de manera directa la seguridad pública, sin apartarse de las garantías del debido proceso.

FUENTE : EL MARPLATENSE