El Concejal Luis Vivas hizo una denuncia por el desarrollo inmobiliario Saint Thomas Golf, hay novedades en la justicia

El concejal Luis Vivas, , ha interpuesto una demanda judicial contra la Municipalidad de Villa Gesell en relación al emprendimiento inmobiliario Saint Thomas Golf, un proyecto que sostiene que es una  amenaza al equilibrio ambiental de la ciudad y pone en evidencia la falta de transparencia en las decisiones del Ejecutivo local.

Luis Vivas lleva tiempo denunciando las irregularidades en el sector inmobiliario sosteniendo  que la actual gestión impulsa sin control, beneficiando intereses privados en perjuicio de los geselinos. Indica  que este desarrollo no solo implica un riesgo ambiental, sino que también expone maniobras políticas que permiten el avance de proyectos sin el respaldo legal adecuado ni la participación ciudadana.

«La corrupción y la especulación inmobiliaria no pueden definir el futuro de Villa Gesell. No permitiremos que unos pocos se enriquezcan a costa del patrimonio natural de todos», afirmó el concejal Vivas.

Desde el bloque de La Libertad Avanza – UVG, afirmaron su compromiso en  la defensa de los vecinos y la lucha contra la impunidad con la que opera la administración actual. Señalaron que seguirán  promoviendo todas las acciones necesarias para evitar que “ Villa Gesell quede en manos de negocios privados que no respetan un desarrollo sostenible para nuestra comunidad ”

A raíz de dicha denuncia , el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores, presidido por el juez Pablo Gabriel Quaranta, ha emitido una solicitud dirigida al intendente Gustavo Barrera para que informe si la Municipalidad de Villa Gesell tiene conocimiento sobre la razón social de la empresa encargada de la construcción del proyecto «Saint Thomas Golf», situado en la Ruta Provincial 11, kilómetro 405.

Esta petición se realiza en el marco de la causa «Vivas Luis Alberto c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Acción Recomposición Ambiental» (Exp. 25295), donde se analiza el impacto ambiental del emprendimiento y la posible responsabilidad del municipio en su supervisión.

Dicha instancia judicial coloca nuevamente en el foco de la discusión pública el desarrollo inmobiliario en cuestión, así como la transparencia de la gestión municipal en cuanto al cumplimiento de las normativas ambientales y de planificación urbana.