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Desde la Asociación Judicial Bonaerense, en una entrevista realizada por este medio a María Celia Lorente, Secretaria General de la Departamental Dolores de la Asociación Judicial Bonaerense, se resalta un panorama crítico en el ámbito judicial de la zona. Falta de personal, situaciones laborales que generan licencias médicas, burocracia administrativa, mayor cantidad de conflictos judicializados, discrecionalidad en el nombramiento y traslados de personal y estructuras con falencias que la pandemia dejó en evidencia, generan una respuesta limitada para responder a las necesidades de la sociedad.
¿Cuál es la situación que atraviesa la fiscalía de Villa Gesell?
La Asociación Judicial Bonaerense solicitó a la Fiscalía General que intervenga para abordar la crisis que atraviesa el organismo. Esta situación se da a partir de la confluencia de diversos factores que tienen que ver con el aumento de la litigiosidad, la falta de personal y una compleja dinámica laboral que ha excedido la capacidad de manejo de personal de la fiscal Zamboni.
Desde la fiscalía general de Dolores se confirma la cantidad insuficiente de recursos humanos, por ende cómo repercute eso en los trabajadores y trabajadoras del sistema judicial.
Es un hecho de público y notorio conocimiento la falta de recursos humanos en el ámbito de la Procuración General. Lo que genera la sobrecarga de tareas constante por parte del fiscal general y de titulares de dependencias para con el personal administrativo y funcionarios letrados, provocando esto innumerables licencias médicas (psiquiátricas por estrés y violencia laboral) debido a la sintomatología que produce esa situación y que causan, además, padecimientos clínicos diversos.
Por otro lado es un hecho tangible, que la burocracia de la oficina de Personal tanto del Ministerio Público como de la Administración de Justicia entorpecen los ingresos de todas las personas que están propuestas para trabajar y son sumamente necesarias.
¿Hay estadísticas o por lo menos informes que den a conocer el aumento de la litigiosidad?
Las estadísticas existen. Las poseen las fiscalías generales y se las informan a la Procuración General para su publicación de acuerdo a diversos criterios.
Ha aumentado notablemente la cantidad de conflictos judicializados, provocando, como se aclaró antes, la sobrecarga de los agentes judiciales, con los padecimientos de la salud que esto conlleva.
Uno de los mayores problemas que advertimos radica en la discrecionalidad con que se nombra a personal, se producen reincorporaciones de agentes con licencias y se dan ascensos o se efectúan traslados.
¿Cómo se encuentran en general las dependencias teniendo en cuenta las denuncias y las exigencias que se habían realizado en plena pandemia debido a las condiciones edilicias y de espacios laborales?
Se encuentran en igual situación previa a la pandemia. Sin cumplir protocolos correspondientes de tareasy material de limpieza ni sanitización, inexistencia de espacios adecuados para distanciamiento prudencial, falta de ventilación natural pertinente en algunas dependencias.
¿La atención ha vuelto a la normalidad o aún quedan algunas atenciones limitadas o que han cambiado a partir de la pandemia y son virtuales? atado a esto… tema conectividad que se había resaltado como un impedimento para el trabajo virtual.
En particular, en el Departamento Judicial de Dolores (Ministerio Público Fiscal) la atención es totalmente presencial, se ha vuelto a la normalidad, al igual que se daba previo a la pandemia sin perjuicio de las graves falencias en cuanto al cumplimiento de protocolos.
El trabajo virtual es para casos muy excepcionales o para quienes cuentan con cargo de jerarquía. Por ejemplo titulares que no cuentan con residencia permanente en las ciudades donde trabajan.
