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A través de un decreto, el Gobierno habilitó a gobernadores aliados a gestionar tramos nacionales y cobrar peajes. Santa Fe, Córdoba y Mendoza están entre las beneficiadas; Kicillof prepara una ofensiva judicial tras el desplante.
El escenario de las rutas argentinas sumó un nuevo capítulo de alta tensión política. Mediante el Decreto 253/2026, el presidente Javier Milei autorizó a nueve provincias a asumir la administración, reparación y mantenimiento de rutas nacionales en sus territorios. El esquema permite a los distritos colocar peajes para financiar las obras, bajo un modelo de delegación temporal y revocable. La medida beneficia a provincias cuyos gobernadores mantienen sintonía con Balcarce 50, mientras que la provincia de Buenos Aires quedó expresamente excluida, apenas 24 horas después de que se le prohibiera a la empresa estatal Aubasa participar de las licitaciones nacionales.
¿Qué establece el nuevo esquema de delegación?
El decreto define reglas estrictas para las provincias que tomen el control de los corredores nacionales:
- Carácter Temporal: La delegación es funcional y revocable. El Estado Nacional mantiene la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal.
- Uso de Fondos: Lo recaudado por peajes debe reinvertirse obligatoriamente en el mismo tramo. No se puede usar el dinero para otras obras ajenas a la concesión.
- Mantenimiento y Obra: Las provincias se hacen cargo de la reparación, ampliación y conservación de los tramos delegados, quitándole esa carga presupuestaria a la Nación.
- Sin cesión de dominio: No hay transferencia de propiedad; es una «prestación de servicios» por parte de las provincias.
Las provincias «beneficiadas» y el factor político
La lista de distritos autorizados coincide con el mapa de gobernadores que han apoyado leyes clave del oficialismo en el Congreso:
- Región Centro: Santa Fe (Pullaro) y Córdoba (Llaryora), dos motores productivos con rutas de alto tránsito.
- Cuyo y Patagonia: San Luis, Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
- Litoral: Corrientes (Valdés).
- El caso bonaerense: Para Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, esta medida es una «discriminación política» y confirmó que recurrirán a la justicia para frenar la exclusión de Aubasa y reclamar el mismo trato que el resto de las provincias.
| Provincia | Gobernador | Situación ante Nación |
|---|---|---|
| Córdoba / Santa Fe | Llaryora / Pullaro | Habilitadas para gestionar rutas y peajes. |
| Mendoza / San Juan | Cornejo / Orrego | Delegación funcional autorizada. |
| Neuquén / Río Negro | Figueroa / Weretilneck | Control temporal de corredores nacionales. |
| Buenos Aires | Axel Kicillof | Excluida (Denuncia discriminación). |
¿Cómo afecta esta disputa a los vecinos de Rojas?
Como habitantes de una zona clave para el transporte de carga, esta pelea por el control de las rutas nos toca de cerca:
- El estado de nuestras rutas: Mientras Nación y Provincia se pelean por quién cobra el peaje o quién hace la obra, rutas vitales para Rojas como la 188 o la 31 siguen esperando mantenimiento urgente que ninguna de las dos jurisdicciones termina de concretar.
- Costos de transporte: Si Santa Fe o Córdoba colocan nuevos peajes en los límites con nuestra provincia, el costo del transporte de granos y mercaderías subirá, afectando la rentabilidad de los productores locales.
- Incertidumbre Vial: La exclusión de Buenos Aires de este sistema de delegación significa que las rutas nacionales en territorio bonaerense seguirán dependiendo exclusivamente de una Nación que ha frenado la obra pública, lo que hace prever un mayor deterioro del asfalto en nuestra región.
La batalla por el «asfalto» promete seguir en los tribunales, con una provincia de Buenos Aires que se siente cercada financieramente y una Nación que utiliza la gestión de las rutas como una herramienta de negociación política con los gobernadores.
FUENTE : DIB
