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Luego de una inspección judicial en la zona de médanos, la Justicia convocó a una audiencia de mediación entre la Municipalidad de Pinamar y Pablo Martínez Carignano, ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el objetivo de evaluar una posible reactivación de la actividad motorizada en La Frontera y La Hoya. El denunciante adelantó que presentará una propuesta basada en un sistema de registro obligatorio, controles, cupos y zonificación, como condición para levantar la prohibición actualmente vigente.
La convocatoria fue dispuesta por el juez Adrián Félix Ferrán, en el marco del expediente que derivó en la suspensión del uso de cuatriciclos, UTV y camionetas en esos sectores, tras el grave accidente ocurrido el 12 de enero, en el que resultó gravemente herido Bastian Jérez, un niño de 8 años que debió ser sometido a siete intervenciones quirúrgicas y continúa internado luego del choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.
La decisión judicial se conoció luego de que el magistrado realizara, el martes pasado, una inspección ocular en el área en conflicto, acompañado por un secretario de su juzgado. Durante la recorrida, se verificaron las condiciones del terreno y las tareas de delimitación de calles y caminos llevadas adelante por el Municipio con maquinaria vial en los últimos días. Tras esa visita, el juez fijó una audiencia presencial para el martes 10 de febrero, a las 12.30, a la que deberán asistir todas las partes involucradas, según informó el portal CNM Noticias.
En ese contexto, y tras la apelación presentada por la Municipalidad de Pinamar al fallo dictado por la Justicia de Dolores, en la audiencia se analizará si existen condiciones concretas para dejar sin efecto la medida cautelar que hoy impide la circulación vehicular en La Frontera y La Hoya. Durante la inspección, además, el personal judicial solicitó al intendente Juan Ibarguren que informe quiénes son los propietarios de ambos predios.
“La intención nunca fue prohibir por prohibir, sino evitar situaciones de riesgo para familias, turistas y niños”, sostuvo Martínez Carignano, autor del amparo que dio origen a la medida. En ese sentido, anticipó que elevará al juez una propuesta integral que permita retomar la actividad, pero bajo un esquema estricto de prevención, regulación y control estatal.
El planteo apunta a reconvertir una práctica actualmente desordenada y riesgosa en una actividad regulada y trazable. Entre los ejes principales se propone la implementación de un registro digital obligatorio, en el que cada conductor deba inscribirse previamente consignando datos del vehículo, seguro, licencia habilitante, acompañantes —exclusivamente mayores de 18 años— y una declaración jurada de cumplimiento de normas básicas de seguridad.
Asimismo, el proyecto contempla un sistema de turnos, cupos y franjas horarias para evitar la sobrecarga de los médanos y reducir los cruces peligrosos. También prevé un único punto de ingreso y egreso con controles policiales y municipales, mediante un sistema de check-in con código QR, además de una zonificación que separe los distintos tipos de vehículos, con señalización de velocidades máximas, sentidos de circulación y áreas restringidas.
De acuerdo con lo informado por Clarín, la propuesta incluye además la presencia permanente de personal de fiscalización, ambulancias y equipos de rescate, junto con prohibiciones explícitas como la realización de carreras, el consumo de alcohol, la participación de menores de edad, las maniobras temerarias y el exceso de velocidad. El incumplimiento de las normas implicaría la expulsión inmediata del circuito, multas y la exclusión del sistema.
“El enfoque es claramente preventivo. Hoy cualquiera ingresa, acelera sin control y se cruza con peatones o familias con chicos. No se trata de turismo aventura, sino de una situación de riesgo que el Estado debe corregir”, señaló Martínez Carignano.
Finalmente, la iniciativa plantea que el sistema sea autosustentable mediante el cobro de turnos, lo que permitiría financiar los controles, la tecnología y campañas de concientización en seguridad vial, sin trasladar el costo al conjunto de los contribuyentes.
De cara a la audiencia judicial, Martínez Carignano advirtió que la prohibición solo debería levantarse cuando el Municipio acredite que el registro está operativo, que existen accesos controlados, personal asignado, señalización adecuada y cupos definidos. “De lo contrario, habilitar sería volver a permitir un riesgo cierto, previsible y evitable. El debate es si Pinamar está dispuesto a dejar atrás la improvisación y avanzar hacia una gestión responsable del riesgo”, concluyó.
FUENTE : ENTRELINEAS
