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Un fallo judicial extiende el cese de las suspensiones a beneficiarios de todo el país, como parte de un recurso de amparo.
Parte del ajuste de Javier Milei al área de discapacidad incluyó a las pensiones que otorga la Agencia Nacional (Andis) pero esta semana el gobierno no tuvo otra opción que acatar una resolución judicial que lo obligó a retrotraer suspensiones que había implementado. “Este fallo le devuelve tranquilidad a miles de personas con discapacidad y a sus familias”, celebraron desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, desde donde esperan que el freno alcance a beneficiarios de todo el país.
Mientras prestadores y transportistas reclaman por la efectiva implementación de la ley de emergencia, había personas con discapacidad que habían sufrido la suspensión de sus Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral luego de lo que fueron las polémicas auditorías a más de un millón de beneficiarios. Y había sido la propia Defensoría del Pueblo la que había solicitado frenar esas citaciones al menos hasta que se cambie una metodología que, según denunciaban, para muchas personas era de imposible cumplimiento y derivaría en cortes a pesar de corresponder el cobro de la misma.
La cuestión no tardó en ser judicializada por beneficiarios de distintas provincias, que en muchos casos lograron fallos favorables. Sin embargo, semanas atrás desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se presentaron ante uno de esos juzgados -el Juzgado Federal N°2 de Catamarca- para solicitar que los alcances de la medida cautelar lograda en esa jurisdicción tenga alcance nacional.
¿Qué ordenaba la justicia federal con asiento en Catamarca? Exigir a la Andis que en 24 horas restablezca la totalidad de las pensiones a las y los titulares y que pague el importe de los haberes de pensión retenidos hasta la fecha. Además, afirmaba que hasta que no haya una sentencia definitiva en el amparo “se abstenga de continuar las auditorías” y de disponer nueva suspensiones”.
Y esta semana el juzgado catamarqueño se expidió al respecto de ese pedido y resolvió favorablemente la extensión de la medida a todo el territorio nacional. Así, firmada por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, la Justicia extendió los alcances del amparo colectivo.
Prestadores exigen ser recibidos por el interventor de la Agencia de Discapacidad
Una primera consecuencia de ese trámite judicial se conoció este miércoles, cuando el gobierno nacional publicó la resolución 12621/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad en la que se dispuso restablecer las suspensiones que habían afectado a un grupo de personas cuya especificidad no se conoció, pero distintos medios afirman que es un universo acotado, probablemente en acatamiento al primer fallo que hablaba específicamente de la provincia de Catamarca: es que el segundo fallo, según publicó Infobae, fue apelado por el gobierno.
Una particularidad de la resolución, además, es que la propia Andis reconoce que tiene el “crédito presupuestario” necesario para efectuar esos pagos pendientes. Además, en ella se encomienda a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación que se notifique a las personas que son alcanzadas por la resolución y también a que se abstenga de realizar auditorías mientras se mantenga la cautelar vigente.
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, en tanto, celebraron el segundo fallo catamarqueño amparado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.
Y su titular, Guido Lorenzino, planteó que “le devuelve tranquilidad a miles de personas con discapacidad y a sus familias”. Y sumó: “Nadie puede quedarse sin su pensión de un día para el otro por una decisión administrativa sin fundamentos ni comunicación previa”.
Además, desde el organismo subrayaron la articulación entre defensorías de distintas provincias, organismos públicos y asociaciones civiles para accionar en conjunto en contra de los recortes.
FUENTE : QUE DIGITAL
