Salud y Justicia agilizan la notificación de las denuncias e inhabilitaciones judiciales de los profesionales de la salud. Hasta hoy, podían estar inhabilitados por la justicia y aun así figurar como habilitados en los registros oficiales. Este avance tuvo que ver con una gestión de la ONG Por la Vida y la Salud, que llevó la inquietud al ministerio de Salud y la recepción fue positiva e inmediata.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron un Convenio de Colaboración Institucional para llevar mayor transparencia y celeridad a los mecanismos de notificación de las resoluciones judiciales de inhabilitación de profesionales de la salud. El suministro de información fidedigna y completa por parte del Poder Judicial de la Nación, permitirá que la cartera sanitaria nacional pueda comunicar a las jurisdicciones la existencia de las inhabilitaciones judiciales sobre los profesionales matriculados en cualquier parte del territorio en tiempo real.
“Estamos generando una herramienta que siempre debió haber estado disponible y que permitirá algo tan sencillo como que cada ciudadano pueda ver si un profesional está habilitado o no para ejercer”, explicó el ministro Lugones. “La firma de este acuerdo representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad del paciente, garantizando a la ciudadanía una herramienta de consulta que promueve la simetría de la información y, fundamentalmente, la protección de su salud”, subrayó.
Esta inquietud fue llevada al Ministerio por la ONG Por la Vida y la Salud, presidida por la geselina Gabriela Covelli, al momento de reunirse con el ministro Mario Lugones con motivo de la Ley Nicolás. En los encuentros con el equipo de la cartera de Salud, se hizo visualizó la necesidad de que se actualicen los registros que muestran qué médicos son inhabilitados por la Justicia, algo que hasta ahora tenía una demora importante y la información incompleta deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad.
Sobre este aporte y la decisión de actualizas los registros oficiales, Cuneo Libarona descató que “gracias al trabajo conjunto de ambos ministerios vamos a poder integrar los datos del Registro Nacional de Reincidencia con el sistema de salud para que las inhabilitaciones se registren en tiempo real”. Antes, un médico podía estar inhabilitado para ejercer sus funciones por orden judicial y aún figurar como habilitado en los registros oficiales. “La falta de conexión entre el sistema judicial y el sanitario ponía en riesgo a los pacientes al permitir que profesionales con condena firme ejerza como si nada. A partir de ahora, eso se terminó”, expresó el titular de la cartera de justicia.

A partir de la firma de este convenio, el Ministerio de Salud podrá solicitar directamente al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Poder Judicial de la Nación, la información actualizada sobre las inhabilitaciones de los profesionales médicos. Esto permitirá actualizar la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) que integra los registros jurisdiccionales de matrículas profesionales de la salud de toda la República Argentina.
El Registro Nacional de Reincidencia informará únicamente sobre pronunciamientos judiciales que incluyan inhabilitaciones de profesionales de la salud y no proporcionará información de otra índole relacionada con antecedentes penales no vinculados a esa cuestión. El convenio tendrá vigencia por dos años y se prorrogará automáticamente por períodos iguales, a menos que alguna de las partes lo denuncie con 60 días de anticipación.
Ambos Ministros vieron la necesidad de mejorar estos mecanismos a raíz de los obstáculos existentes en el proceso de carga de esta información en la REFEPS. Uno de los mayores problemas encontrados ha sido la demora en las notificaciones de las sentencias judiciales relativas a inhabilitaciones de las matrículas de profesionales de la salud.
La firma de este acuerdo consolida el trabajo de colaboración entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar mayor transparencia en la gestión de la información en el ámbito de la salud. También representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad del paciente, garantizando a la ciudadanía una herramienta de consulta que promueve la simetría de la información y, fundamentalmente, la protección de su salud.
