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Hace unos días se conoció que la médica pediatra Luz Mariela Duque Rojas, de nacionalidad colombiana y más conocida como «la mutiladora de Turdera», fue apartada de su cargo como profesional de la guardia pediátrica en el Hospital Arturo Illia de Villa Gesell. La decisión se tomó luego de que saliera a la luz su pasado criminal vinculado a la crueldad animal en las localidades de Turdera y Monte Castro, al sur de la provincia de Buenos Aires.
Duque Rojas trabajaba en el hospital desde enero de este año, cubriendo guardias de hasta 36 horas. Sin embargo, tras conocerse las denuncias en su contra, las autoridades del centro de salud decidieron desvincularla de inmediato.
Además de los casos de maltrato animal, también pesan sobre ella acusaciones por abuso sexual infantil en perjuicio de su propia hija. Esta denuncia agrava aún más su situación, especialmente considerando que se desempeñaba en una guardia pediátrica. Cabe recordar que ya había sido despedida del Hospital Santamarina, en el municipio de Esteban Echeverría, cuando comenzaron a surgir las denuncias por crueldad animal.
Los hechos
El caso de Luz Mariela Duque Rojas y su hija, Sara María, se hizo conocido en Turdera, partido de Lomas de Zamora, cuando grupos proteccionistas advirtieron que la menor, entonces de 17 años, pedía mascotas en adopción a través de internet. Posteriormente, las sometía a mutilaciones o les causaba graves heridas, para luego publicar fotos de los animales lastimados y solicitar dinero con la excusa de costear tratamientos veterinarios. Sin embargo, el dinero nunca se destinaba a la recuperación de los animales, que terminaban muriendo en condiciones extremas.
Además de pedir animales en adopción, en otras ocasiones los compraba. Llegó a tener cachorros, erizos de tierra, cobayos y palomas, a los que les amputaba extremidades o les provocaba heridas que terminaban infectándose, causándoles un sufrimiento atroz hasta su muerte, ya fuera de forma inducida o por la gravedad de las lesiones.
Tiempo después, la propia Sara María confesó que era su madre quien le proporcionaba potasio para terminar con la vida de los animales y que participaba activamente en los actos de crueldad. Tras la presión de proteccionistas y rescatistas, la fiscalía ordenó un allanamiento en su domicilio, donde se encontraron animales en condiciones deplorables. Sin embargo, el Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora resolvió archivar la causa, pese a los esfuerzos de los denunciantes por reabrirla.
Más tarde, madre e hija se mudaron a Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, donde continuaron con sus prácticas de maltrato animal y fueron nuevamente denunciadas tras matar al perro de una vecina. A pesar de las pruebas y acusaciones, ambas lograron evadir la justicia.
A finales del año pasado se trasladaron a la Ciudad de Buenos Aires, al barrio de San Telmo. Al conocerse su llegada, rescatistas y proteccionistas que seguían el caso desde hace meses alertaron a la comunidad para evitar que se les entregaran animales en adopción.
Actualmente, y hasta donde se sabe, ambas continúan viviendo en la ciudad sin haber enfrentado consecuencias legales, representando un peligro latente para los animales ofrecidos en adopción a través de plataformas digitales.
Jessica Marion Igor
