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Hay novedades provenientes del ámbito judicial en relación a lo que significó la cancelación por parte del municipio y a través del Concejo Deliberante, del contrato que le otorgaba a la Cooperativa Eléctrica la tarea de mantenimiento y reparación del alumbrado público. El juez en lo Contencioso Administrativo Antonio Marcelino Escobar, le solicita a la Municipalidad de Villa Gesell y al HCD documentación relacionada con el contrato que se dio de baja con la votación del bloque del Frente de Todos en febrero de este año.
Desde que por medio del HCD geselino, más precisamente la votación del bloque del Frente de Todos con su mayoría sacó una ordenanza el último 8 de febrero de este año en la que daba de baja el contrato que concedía la operatividad del alumbrado público a la Cooperativa Eléctrica, todo transcurría sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la novedad en las últimas horas es que el Juez en lo Contencioso Administrativo del departamento judicial Dolores, Antonio Marcelino Escobar, se le requiere al municipio de Villa Gesell y al Honorable Concejo Deliberante la documentación vinculada con la caducidad del contrato de Alumbrado Público con Cevige la Cooperativa Eléctrica.
La ordenanza aprobada solamente por el bloque completo del Frente de Todos en una sesión conflictiva en la que el concejal Miguel Cisneros dio quorum para que se lleve a cabo pero que al momento de tratar el expediente para dejar afuera a Cevige de la tarea de mantenimiento y conservación del alumbrado público en el distrito, se levantó y no votó, ahora es analizada por la Justicia en una investigación realizada a partir de una denuncia hecha por la Cooperativa.
La próxima semana la municipalidad tiene que presentar la documentación correspondiente a la Justicia. Un resultado de la medida cautelar podría cambiar el escenario impuesto por Gustavo Barrera y sus ediles.
Desde que el municipio definió que dejaría fuera de escena a la Cooperativa Eléctrica en parte de sus históricas labores, realizó adquisiciones millonarias en la compra de dos hidrogrúas y contratación de una empresa foránea para reemplazar la tarea de los trabajadores de Cevige. La justicia definirá si el procedimiento realizado en el marco de dar por caducado el contrato, fue válido o no.
