El fiscal general de Dolores pidió que los ocho detenidos acusados del asesinato de Fernando, sigan presos

El funcionario judicial, Diego Escoda, pidió que los rugbiers que están privados de su libertad en el penal de Melchor Romero continúen en la cárcel. La solicitud del representante del Ministerio Público, presentada ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, se conoció ayer al cumplirse dos meses del crimen de Báez Sosa, en nuestra ciudad.

Debido a la suspensión de la audiencia que estaba prevista para este jueves en los Tribunales de Dolores, por las medidas de seguridad sanitaria disputas a raíz de la pandemia del virus Covid-19 , todas las exposiciones que realizarían oralmente fueron reemplazadas por presentaciones por escrito.

Al pedir que se confirmen los procesamientos con prisión preventiva para ocho de los diez imputados del homicidio de Fernando, el fiscal Escoda explicó que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. 

Al fundar su solicitud el representante del Ministerio Público consignó una frase que el abogado de los acusados escribió en el recurso de apelación presentado ante la Cámara de Dolores: «Mis diez defendidos una vez que concluyeron el conflicto, algunos fueron a la casa en alquiler y se acostaron y otros se dirigieron a desayunar a un local de comidas rápidas».

En el dictamen presentado en las últimas horas, el fiscal cuestionó el relato realizado por el abogado defensor: «Si los imputados entendieron que lo sucedido es un conflicto que concluyeron, los peligros de fuga y entorpecimiento probatorio se encuentran más que vigentes».

A partir de recepción del recurso presentado por el abogado que defiende a los acusados, Hugo Tomei ; del dictamen del fiscal general Escoda y de los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola que representan a Graciela Sosa y Silvino Báez , los padres de Fernando, los integrantes de la Cámara de Dolores, podrían resolver entre pasado mañana y el martes próximo si aceptan o rechazan el pedido de la defensa para se revoque la prisión preventiva de ocho de los acusados del homicidio.

Por el asesinato del joven estudiante de Derecho están detenidos actualmente: Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Tomás Enzo Comelli, Máximo Thomsen, Ciro, Luciano y Lucas Pertossi.

Los ocho sospechosos fueron procesados por el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli , como presuntos autores del homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía. Todos ellos están alojados desde hace una semana en la cárcel de Melchor Romero cerca de La Plata, donde fueron trasladados para que se integren con otros presos y para que se puedan realizar estudios psiquiátricos y psicológocos.

En tanto, siguen en libertad, pero vinculados al proceso, otros dos jóvenes de Zárate, Alejo Milanessi y Juan Pedro Guarino, acusados de ser presuntos partícipes primarios del homicidio. 

Además de resolver el pedido para se revoquen las prisiones preventivas de los acusados, los camaristas Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo y Luis Felipe Defelitto , deben analizar el planteo de recusación contra la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, presentado por el defensor de los diez acusados.

El fiscal general de Dolores pidió sea rechazada la recusación contra Zamboni por falta de pruebas, porque no violó ninguna garantía constitucional de los acusados en el proceso y porque no había cometido el presunto delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, tal como denunció el abogado defensor de los diez imputados del homicidio. Dicha denuncia había sido desestimada por el fiscal Daniel Pérez , hace una semana.

Al concluir el dictamen, el fiscal Escoda respondió a un cuestionamiento realizado por el defensor a raíz del viaje de la representante del Ministerio Público de Villa Gesell a la ciudad de Buenos Aires para reunirse con los padres de la víctima.

«La fiscal cumplió con la instrucción N° 138 del 15 de mayo de 2017 que dispone informar a las víctimas. Una medida que está consignada en los artículos 86 y 85 del Código Procesal Penal. La medida incluye permitir que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean escuchadas. La fiscal no solo cumplió su obligación, sino que lo hizo de manera tal que los familiares de la víctima no sean invadidos y sean respetados», concluyó el fiscal Escoda y aclaró que los gastos de traslado de la fiscal Zamboni a la ciudad de Buenos Aires fueron solventados por el Ministerio Público.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/villa-gesell-fiscalia-solicito-sigan-prision-acusados-nid2344853