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La respuesta es en el marco de la acción judicial por incumplimiento de funcionario público encarada en el mes de febrero de este año, por quienes encararon la resistencia a la colocación de las antenas de telefonía móvil en las localidades del sur. El escrito recomienda la vía del «contencioso administrativo». Además, se detalla que «la infracción bajo análisis constituye una falta administrativa ambiental». Una vez más, los habitantes de las localidades del sur, dependen del ámbito judicial para hacer valer las leyes ambientales provinciales que el municipio se niega en cumplir.
Los episodios transcurridos desde el comienzo de la colocación de antenas de telefonía móvil en Villa Gesell antes del último verano, fueron subiendo de tono a medida que el Intendente Gustavo Barrera avanzaba en la decisión de instalar las torres para los aparatos que dan señal a los celulares. Esto, a pesar de la oposición de un grupo de vecinos que considera que las antenas son dañinas para la salud y no las consideran una necesidad, además de no ver con buenos ojos los espacios públicos donde se las intentó colocar en Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.
Es por eso que en el mes de febrero pasado y ante lo que fue un intento de colocación complicado en la ubicación de Acacias y playa, en la que hubo hasta un enfrentamiento entre habitantes y policías, los vecinos decidieron recurrir a la Fiscalía local a efectuar una denuncia contra el Ejecutivo municipal y tres de sus funcionarios (secretario de Planeamiento Gerardo Galli, directora de Medio Ambiente Bárbara Alba y secretario de Comercio Agustín Gómes Moreira) por incumplimiento de deberes de funcionario público al no respetar la Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales número 11.723, en el convenio firmado con las empresas de telefonía móvil.
Siete meses después, la Unidad Funcional Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios Públicos del Departamento Judicial de Dolores se comunicó con los vecinos denunciantes y en ese Oficio comunicó que la primera medida que tienen que tomar es «la habilitada para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo». Asimismo, señala que la «infracción bajo análisis constituye una falta administrativa ambiental, un incumplimiento de las obligaciones establecidas en las distintas normas administrativas, ya sean estatales, autonómicas o locales, precisando que casi todas las normas protectoras del ambiente son Leyes o normas administrativas en la órbita de competencia Provincial».
En el mismo escrito, se explicita que: «Se libró oficio con copia de la presente denuncia a la Dirección Provincial de Controladores Ambientales a los fines de su debida intervención, también se libró oficio a la Municipalidad de Villa Gesell a los fines de que tome conocimiento de la presente, y de inicio en caso de corresponder al sumario administrativo tendiente a dilucidar si personal del municipio incumplió con el procedimiento establecido, a los fines de llevar a cabo las labores denunciadas».
En este contexto, la Justicia pone en conocimiento de los ciudadanos denunciantes, que hay instancias anteriores a lo que refiere al ámbito penal. Lo constituye como última opción, como el nivel de más fuerte intervención estatal en la conflictiva social.
Por el momento, no hubo nuevos intentos de instalaciones de antenas en las localidades del sur. Sin embargo, los vecinos «antiantenas», siguen en alerta ante alguna posibilidad de queel municipio vuelva con los camiones a la carga.
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