«Es inaceptable que hoy estemos discutiendo si un concejal puede acceder a la información de presupuestos, contrataciones y obras públicas»

Lo afirmó el abogado especialista en derecho administrativo municipal, Mariano Irigoyen en una entrevista realizada en Por la 3 derecho radio. El letrado, también conocedor de la legislación en materia de acceso a la información pública, se explayó sobre el derecho de la ciudadanía en general, que la habilita a conocer todo lo relacionado con la ejecución presupuestaria de las gestiones municipales, provinciales y nacionales. «Cualquier vecino tiene legitimación para hacerlo, aseguró.

Mariano Irigoyen es abogado en derecho público municipal, docente y asesor en temáticas municipales, pero también gran estudioso de la legislación provincial (Ley 12475), que abarca el derecho de acceso a la información pública en nuestro país.

La primera afirmación que el letrado deslizó al comienzo de la entrevista realizada en Por la 3 derecho radio es totalmente esclarecedora para entender por qué los poderes estatales siguen conservando el poderío de la información. «Los ciudadanos en argentina no somos conscientes de la herramienta que tenemos, que en los países del primer mundo y en algunos de latinoamerica ya se vienen desarrollando  y ejecutando de forma efectiva. El derecho al acceso a la información pública es uno de los pilares fundamentales de todo sistema democrático y republicano», lanzó. Y agregó: «Tenemos el derecho de acceder a la información pública de las tres instancias del estado, nacional, provincial y municipal».

En referencia, Irigoyen detalló que países como Colombia, México y  Chile son precursores en este sentido. En cuanto a Argentina, informó que «en Argentina en 1990 se presentó en el Congreso de la Nación la primera ley de acceso a la información pública y en 2016 se votó la ley nacional de acceso a la información pública que se ajusta a todos los parámetros internacionales».

Sobre la norma, aseguró: «Es una ley que está absolutamente vigente y es buena, pero el inconveniente está en la aplicación». A la pregunta sobre cómo está parada la ciudadanía en cuanto a esta herramienta democrática, expresó: «El tema es que los argentinos estamos desinformados, en las charlas en los municipios nos damos cuenta lo poco que sabemos sobre los derechos que tenemos y realmente nos corresponden en cuanto al acceso a este tipo de información».

Cuenta el abogado que es mucha la gente que no sabe por ejemplo si puede acceder a un expediente o no. Sin dudar, aseguró que «jurídicamente, hoy no hay discusión acerca de que todo ciudadano, todo vecino tiene en la República Agentina tiene derecho a la información publica».

Ante la consulta sobre la información relacionada al sector judicial, refirió: «Uno de los debates fue incorporar al poder judicial, fue un debate muy duro y finalmente se incorporaron todos los poderes. Por eso digo que es una ley muy buena, con algunos casos reservados por cuestiones de intimidad o para la seguridad nacional, pero el principio general es que toda la información se presume como pública».

Este marco incluye a la prensa, por supuesto, ya que la ley es genérica. Para darle más claridad al derecho en cuestión, Irigoyen resaltó: «Cualquier vecino tiene legitimación, sea abogado, periodista o lo que sea. La tendencia en la doctrina y jurídicamente es que justamente, la legitimación sea lo más amplia posible para todo el público».

Un ejemplo que le gusta dar al abogado para que no queden dudas es que «la información pública es como si fuese la plaza pública, a la que todos pueden acceder».

«La información pública en los municipios es un debate pendiente que nos debemos los bonaerenses. El articulo 12 inciso 4 de la constitución de la provincia de Buenos Aires establece el derecho que tenemos todos los vecinos de la provincia al acceso a la información publica. El reconocimiento es expreso», definió, el docente.

Sobre el la falta de acceso a la información presupuestaria municipal por parte de los concejales, como es el caso de Villa Gesell, donde los ediles no cuentan con una clave informática “RAFAM” -que permite acceder al sistema presupuestario y de contabilidad de la Comuna- Irigoyen opinó: «Tengo una opinión personal, justamente no hay información más pública que la información presupuestaria» Y agregó: «Puede pasar pero es incorrecto e inadecuado que suceda no poner una clave para que puedan acceder a esa información».

En ese sentido aclaró que: «La ley nacional de administración financiera establece hace muchos años que toda la administración presupuestaria tiene carácter público. Es inaceptable que hoy estemos discutiendo si un concejal pueda acceder a la información de presupuestos, contrataciones y obras públicas».

También se le consultó al abogado sobre algo que sucede en la gestión ejecutiva municipal local y que tiene que ver con ordenanzas que no se ejecutan. Respondió: «El articulo 107 de la ley orgánica municipal, justamente pone como una obligación fundamental y principal del poder ejecutivo municipal, la ejecución de las ordenanzas».

Sin embargo, aceptó que «lamentablemente la anomia en Argentina es algo muy común. No hay herramientas legales para exigir pero si para controlar. Los vecinos, los ciudadanos, los periodistas, los concejales, todos deberíamos exigir la ejecución para que esas ordenanzas se cumplan. Es una obligación del poder ejecutivo llevar a adelante y ejecutar las ordenanzas».

Una situación que se convirtió en una mala costumbre en la oficina del intendente Gustavo Barrera es la no contestación de pedidos de informes por parte del HCD. Sobre esto, explicó: «Los pedidos de informes que no se contestan, lamentablemente es algo común. Hay otro debate sobre los plazos de respuestas y las interpretaciones de algunos organismos provinciales que no tipifican la falta. Son cuestiones a modificarse urgentemente».

El especialista en acceso a la información, confesó que «a veces los intendentes fundamentan la falta de tiempo para dedicarse a responder esos pedidos y nosotros les sugerimos que hagan como dicta la ley nacional, que establece una agencia de información o sea un departamento en el que se dediquen a contestar esos pedidos de informes».

Para cerrar y conforme a su experiencia en las diversas charlas y trabajos en áreas municipales y con vecinos, contó que la preocupación pasa por la falta de conocimiento sobre estos derechos. «Siempre les decimos que la democracia no es solo votar. Una obligación que tenemos es controlar la ejecución por parte del estado nacional, provincial y municipal».

Sus vivencias pasan por ver el asombro de los vecinos cuando entienden el poder que tienen cuando conocen sobre sus derechos. «Veo también asombro y muchas ganas de hacer pero no saber cómo, por eso es fundamental concientizar a los ciudadanos para ejercer sus derechos. Hoy es muy difícil lograr resultados positivos cuando los vecinos van a buscar información a los municipios», aseguró.

Pero, si bien son pocos, hay municipios que abren sus cuentas y sus puertas a los vecinos, como por ejemplo el caso de la ciudad de Bahía Blanca. «Estamos trabajando en ordenanzas de acceso a la información participativas. También otro proyecto es el de gobierno abierto, que es otra forma de dar participación y transparencia en la gestión municipal», informó.